Por todos los razonamientos antes expuestos, y aunado a ello el principio constitucional que establece "El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles", este tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por: COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN) fue interpuesto por el ciudadano: PEDRO LUIS SOLÓRZANO SÁNCHEZ en contra de CARLOS JOSE ARENAS SANDOVAL, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.-

Se dicto decisión en la presente causa acogiendose la calificación del delito de Amenaza previsto y sancionado en el articulo 41 de la ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Se dicto medida de protección y seguridad a la ciudadana YARITZA CAROLINA GARCIA MARQUEZ de las establecidas en los ordinales 5º y 6º del articulo 87 de la referida ley especial. Asimismo se acordo medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad al ciudadano JOSE MUÑOZ GUZMAN consistente en la presentación cada 30 dias por ante la oficina de alguacilazgo de esta circunscripción judicial. Se acordo seguir la presente causa por el procedimiento especial de conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la referida Ley. Quedando las partes notificadas de la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual se ordenó la Reapertura de la Investigación, solictada por la víctima, por lo que en consecuencia se acordó remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Superior del Ministerio Público a los fines de que se comisine a otro fiscal u otra fiscal para que realice lo pertinente, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 316 y 317 del Código Orgánico Procesal Penal.-

PERIMIDA LA INSTANCIA en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano ABEL JOSE NARVAEZ MORENO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.513.788, debidamente asistido por el abogado Wilmer R. Gil Jaime, Inpreabogado Nº 43.752, en contra del Acto Administrativo de efectos individuales, contenido en el Decreto 196 de fecha 07 de Marzo de 2006, emanado del Gobernador del Estado Bolívar, donde se acordó la Remoción del cargo de funcionario policial subalterno con jerarquía de Comisario Jefe, el cual venía desempeñando en el Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolívar (I.P.O.L. BOLÍVAR).

Este Tribunal de Ejecución de Responsabilidad Penal Sección Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SUSTITUYE la Medida Privativa de Libertad, por las Medidas de Libertad Asistida y Reglas de Conducta, previstas en el Artículo 620 Literales "b y d" de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, las cuales debe cumplir el joven-adulto de manera inmediata. Y así se decide.

Este Tribunal de Ejecución de Responsabilidad Penal Sección Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SUSTITUYE la Medida Privativa de Libertad, por las Medidas de Libertad Asistida y Reglas de Conducta, previstas en el Artículo 620 Literales "b y d" de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, las cuales debe cumplir el joven-adulto de manera inmediata. Y así se decide.

Por todos los razonamientos antes expuestos, y aunado a ello el principio constitucional que establece "El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles", este tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO interpuesta por la ciudadana: SONIA AYASE CANACHE PLAZOLA en contra de: ALIRIO JOSE ROJAS Y EMPRESA SEGUROS ÁVILA, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.-

declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el abogado ENRIQUE R. DE LEÓN T., Inpreabogado Nº 91.905, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRAL, C.A. (EMSERVINT), contra la Providencia Administrativa Nº 2006-268, dictada en fecha 28 de junio de 2006, por la Inspectoría del Trabajo "Alfredo Maneiro" de Puerto Ordaz, mediante la cual se declaró con lugar la solcitud de reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano AMADO PIÑERO, titular de la cédula de identidad Nº 8.961.223. En consecuencia, se deja sin efectos la Medida Cautelar de suspensión de los efectos, que fuere acordada en fecha 07 de agosto de 2006.

PERIMIDA LA INSTANCIA en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, incoado por el abogado Juan Luís Carabaño Yánez, Inpreabogado Nº 93.133, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil Instituto Clínico Unare, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en fecha 25 de octubre de 1989, bajo el Nº 38, Tomo A-73, con posterior reforma estatutaria de fecha 16 de junio de 2005, quedando asentada en el mismo órgano registral bajo el Nº 63, Tomo 28-A, 2005, contra el acto administrativo emanada de la Inspectoría del Trabajo "Alfredo Maneiro" con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, contenido en la Providencia Administrativa Nº 2006-82, de fecha 20 de marzo de 2006, mediante el cual se le declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana Marquis Bido, titular de la cédula de identidad Nº 6.330.010. En consecuencia, se deja sin efectos la Medida Cautelar de suspensión de l.....

COMPETENTE para el conocimiento de recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. SEGUNDO: ADMITE el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los abogados Pedro Oviedo S. y Lilina Núñez de Oviedo, Inpreabogados Nº 5.013 y 32.537, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano José Arquímedes Medina, contra el Decreto Nº 182, de fecha 15 de abril de 2008, dictado por el Gobernador del estado Bolívar, mediante el cual se le destituyó del cargo de agente de seguridad y orden público con la jerarquía de Sargento Mayor, adscrito a la Policía del estado Bolívar.