En mérito a las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y por considerarlo procedente en beneficio e interés del niño de autos, declara: PRIMERO: CON LUGAR la presente demanda de INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, presentada por la ciudadana DATOS OMITIDOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.619.094, domiciliada en el Diamante, calle 3, casa s/n, Sabana de Parra, municipio José Antonio Páez, estado Yaracuy, en beneficio del niño IDENTIDAD OMITIDA SEGUN ART. 65 DE LA LOPNNA , de seis (6) años de edad, en contra del ciudadano DATOS OMITIDOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.908.003, domiciliado en la calle 7, con carrera 5, sector Cuatro Esquinas II, casa s/n, Sabana de Parra, municipio José Antonio .....

D I S P O S I T I V O Así pues, en base a la línea de argumentación ampliamente explanada en la parte motiva de la presente Medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote, Sucre, La Trinidad, Veroes, Bolívar y Manuel Monje de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente de protección, asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de mayo de 2.006, con ponencia del magistrado Dr. Francisco Carrasquero López, decide: PRIMERO: S.....

esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara, Sin Lugar el Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por la Abogada María de los Ángeles Giménez Parra, Defensora Pública Séptima de los ciudadanos Roberto Antonio Rojas Maramara y Francisco Ramón Galicia Castillo, contra la decisión dictada en fecha 24 de Abril de 2015, publicados sus fundamentos en extenso en fecha 29 de Abril de 2015, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Estadales y Municipales, en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, e inserta en la causa principal UP01-P-2015-001901, y como consecuencia de ello, se ratifica en cada una de sus partes el auto apelado.

ste Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley acuerda: HOMOLOGAR EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN SUS PROPIOS TERMINOS, impartiéndole la debida aprobación. Téngase pasado como en Sentencia con autoridad de Cosa Juzgada. En consecuencia queda establecido: Que el ciudadano: ELOY RAMON PEREZ, acordó con la madre de su hija : (Identidad Omitida s/artículo 65 LOPNNA),, pasarle a partir del presente mes, la cantidad de UN MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00) mensual, por concepto de PENSION DE ALIMENTO, lo cual hará entrega los días 20 de cada mes; comprarle los UTILES ESCOLARES de acuerdo con la lista escolar y comprarle el Uniforme Escolar de uso diario, en el mes de septiembre de cada año estimados en la cantidad de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00) y la madre que cubrirá los gastos diarios de Útiles Escolares y le comprara el uniforme de educación física; y le comprara en el mes de diciembre de cada año, un estreno de ropa y cal.....

..., declara SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto el 17 de junio de 2015, por la ciudadana Nelly G. Montoya, parte demandada debidamente asistida por la Abg. Galimar L. Abreu C, Inpreabogado Nº 169.562, contra sentencia dictado el 12 de febrero de 2015 por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de de la Circunscripción Judicial del Estado. Se condena en costas procesales de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.