Este Tribunal Mediante RESOLUCION NRO PJ0822015000113, se declara CON LUGAR la Sentencia Definitiva recaída en la demanda de DIVORCIO 185-A, interpuesta por los ciudadanos YURIMA JOSEFINA CAÑA y CARLOS MANUEL RODRIGUEZ, igualmente, Homologa el acuerdo suscrito por los Solicitantes relacionado con las Instituciones Familiares, a favor de sus hijos, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la LOPNNA.-

Este Tribunal, Mediante RESOLUCION NRO PJ0822015000112, se declara CON LUGAR la Sentencia Definitiva recaída en la demanda de DIVORCIO 185-A, interpuesta por los ciudadanos JHONNY ALBERTO ACIBE PAUL y DHELLYS DEL CARMEN AREVALO MALROUX e igualmente, Homologa el acuerdo suscrito por los Solicitantes relacionado con las Instituciones Familiares, a favor de sus hijos: (identidad omitida según lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA), de conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la LOPNNA.-

Este Tribunal, Mediante RESOLUCION NRO PJ0822015000110, se declara CON LUGAR la Sentencia Definitiva recaída en la demanda de DIVORCIO 185-A, interpuesta por los ciudadanos CARMEN TIBISAY LIZARDI VELASQUEZ y RAMON ALEXANDER HERNANDEZ GUEVARA e igualmente, Homologa el acuerdo suscrito por los Solicitantes relacionado con las Instituciones Familiares, a favor de su hija: (IDENTIDAD OMITIDA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LOPNNA), de conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la LOPNNA.-

Se dictó sentencia decretándose la EJECUCIÓN FORZADA de la sentencia definitivamente firme dictada por este Juzgado Superior el dieciséis (16) de diciembre de 2010 que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por el ciudadano QUEOVADI JOSÉ RONDÓN GARCÍA contra el MUNICIPIO PADRE PEDRO CHIEN DEL ESTADO BOLIVAR y se le ORDENA la inclusión en el presupuesto de gastos para el ejercicio económico del año 2016, la cantidad equivalente al cincuenta por ciento (50%) de ochenta y dos mil ciento ocho bolívares con treinta céntimos (Bs. 82.108,30), es decir, cuarenta y un mil cincuenta y cuatro bolívares con quince céntimos (Bs. 41.054,15), y el mismo monto en el presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio económico del año 2017, a favor del demandante, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente, en cuyo caso informará a este Juzgado el monto que cancelará al demandante.

Se dictó sentencia decretándose la EJECUCIÓN FORZADA de la sentencia definitivamente firme dictada por este Juzgado Superior el quince (15) de diciembre de 2010 que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por la ciudadana GUIMARÚ MORENO contra el MUNICIPIO PADRE PEDRO CHIEN DEL ESTADO BOLIVAR y se le ORDENA la inclusión en el presupuesto de gastos para el ejercicio económico del año 2016, la cantidad equivalente al cincuenta por ciento (50%) de ochenta mil novecientos diecinueve bolívares con dos céntimos (Bs. 80.919,02), es decir, cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve bolívares con cincuenta y un céntimos (Bs. 40.459,51), y el mismo monto en el presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio económico del año 2017, a favor de la demandante, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente, en cuyo caso informará a este Juzgado el monto que cancelará a la demandante.

Se dictó sentencia decretándose la EJECUCIÓN FORZADA de la sentencia definitivamente firme dictada por este Juzgado Superior el tres (03) de mayo de 2011 que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por el ciudadano JUAN HUMBERTO FIGUEROA PÉREZ contra el MUNICIPIO PADRE PEDRO CHIEN DEL ESTADO BOLIVAR y se le ORDENA la inclusión en el presupuesto de gastos para el ejercicio económico del año 2016, la cantidad equivalente al cincuenta por ciento (50%) de de noventa y ocho mil setecientos veinte bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 98.720,65), es decir, cuarenta y nueve mil trescientos sesenta bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 49.360,32), y el mismo monto en el presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio económico del año 2017, a favor del demandante y remitir a este Juzgado las órdenes de inclusión presupuestaria respectiva, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente.

Este Tribunal declara EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

éste TRIBUNAL TERCERO DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSION TERRITORIAL PUERTO ORDAZ en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Homologa el acuerdo alcanzado por las partes INVERSIONES Y TRANSPORTE CRISTANCHO, C.A, y el ciudadano CARLOS ALBERTO WILLIANS, a través de su apoderado PEDRO MANUEL OVIEDO SCHTBORGH, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 5.013; por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL BOLIVARES CON 00/00 CENTIMOS (Bs. 47.000,00) por pago de los conceptos derivados de la relación de trabajo; en todas y cada una de sus partes dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso. Publíquese, regístrese y désele copia de esta decisión en el compilador respectivo.- Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Tercero de Juicio Del Trabajo De La Circunscripción Judicial Del Estado Bolívar. En Puerto Ordaz, a los dos (02) días del mes de Mar.....

este Tribunal Décimo (10º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. Asimismo, se deja expresa constancia que el Tribunal hace entrega a la demandada en este acto del material probatorio aportado por esta en la oportunidad de la audiencia preliminar. Abg. Vicarli Montes Herrera La Jueza 10º S.M.E. del Trabajo, EL COMPARECIENTE La Secretaria

Este operador de justicia no oye el Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2014, ya que la misma forma parte del mero trámite procesal, y en virtud de que la interlocutoria no lesiona, el derecho a la defensa, ni al debido proceso, así como tampoco el orden público por considerar que la misma es improcedente y no se encuentra ajustada a derecho.