Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, éste Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Resolución del Contrato de Venta con reserva de dominio celebrado entre las partes, en fecha 12-07-2013 ; sobre un vehículo usado, Marca TOYOTA, Modelo COASTER, Año 2001, Color BLANCO, Clase: MINIBUS, Serial de Carrocería JTGFH518913000019, Serial del Motor, 15B1653176, Tipo MINUBUS, Uso Particular, Placas A26AK2D , Que sigue, el Ciudadano WLMAR RICARDO CASTELLANO GIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédulas de identidad Nº V- 17.047.099., contra el ciudadano ANDRES ALBERTO GIL, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 17.168.362 de este domicilio.- SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a restituir el vehículo .....

Sentadas las premisas anteriores, y observando el Tribunal que consta plenamente en autos que desde el 16 / 07 / 2014, fecha de la última actuación procesal que riela en el expediente, hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal plena, y no encontrándose la presente causa en la etapa de vistos, por lo que este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, de conformidad con lo establecido en los Artículos 12, 15, 242, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la doctrina y la jurisprudencia antes citada DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio de y en consecuencia EXTINGUIDO el proceso, y así expresamente se decide en nombre de la República y por autoridad de la ley

Este Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal del Trabajo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL interpuesta por el ciudadano: : JUAN ALBERTO RINCON RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.467.228, en contra de la Entidad de Trabajo: : SERVICIOS y SUMINISTROS CEMBORAIN C.A, (todos suficientemente identificados en este fallo)

Se declara IMPROCEDENTE la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles, solicitada por la representación judicial de los actores de autos, de conformidad con el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En razón de los anteriores expuestos se ordena la notificación de la parte actora respecto de la presente decisión.

Este Juzgado, mediante Resolución Nº PJ0822015000424, dicto SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA, en la OBLIGACION DE MANUTENCION, suscrita por los ciudadanos: JOSÉ RAFAEL MARTINEZ TORRES y ANNY ELENA DEL CARMEN BASANTA CONTASTI, identificados en autos, debidamente asistidos por la Dra. ROSA DEL CARMEN PRIETO, Fiscal Séptimo del Ministerio Público, cuyo escrito cursa en autos al folio 03, acuerdan el tiempo establecido para la misma.-

Por cuanto los acuerdos alcanzados son producto de la voluntad libre, conciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de la controversia a que se refiere el proceso y a restablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por cuanto estos acuerdos no son contrarios a derecho y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y por cuantos estos acuerdos no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de la relación de trabajo, es por lo que, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en virtud de que la MEDIACIÓN HA SIDO POSITIVA, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 89 ordinal 2º de .....

este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandada recurrente contra el auto dictada en fecha 17 de abril de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Ciudad, en la causa signada con el Nº FP02-L-2014-000141. SEGUNDO: SE MODIFICA el auto recurrido en los términos establecidos en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: No hay condenatoria en costas dadas las características del fallo.

En virtud del desistimiento por la falta de comparecencia de la parte actora a la audiencia se declara Extinguida según RESOLUCION PJ0822015000413.-

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Civil, Mercantil, del Tránsito, y Protección de Niños, Niñas y Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME DICTADA POR EL TRIBUNAL CIVIL DE PIACENZA, REPÚBLICA DE ITALIA, EL 10 DE ABRIL DE 2013, MEDIANTE LA CUAL DISOLVIÓ EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE EXISTÍA ENTRE: YULIANY FRANCIA ZAPATA ROMERO, titular de la Cédula de Identidad Nro. 13.630.594, y MILITO PARRADO STEFANO con número de cédula de identidad N° E-81.180.657, ampliamente identificados ut supra. En consecuencia la mencionada sentencia tiene fuerza ejecutoria únicamente en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial que existía entre los prenombrados ciudadanos, ello de conformidad con las disposiciones l.....

En consecuencia, se DECLINA la competencia en razón de la cuantía, a uno cualquiera de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que por efectos de distribución, que respectivamente haga la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD-Civil), le corresponda seguir conociendo del caso que nos ocupa. De conformidad con lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal dejará transcurrir cinco (5) días a los fines de que las partes ejerzan su derecho de regulación de competencia. Vencido como sea el lapso antes mencionado, y definitiva como quede la presente decisión, se remitirá el expediente en su forma original por medio de oficio, al Juzgado competente.