Sentadas las premisas anteriores, y observando el Tribunal que consta plenamente en autos que desde el 28/ 02 / 2011, fecha de la última actuación procesal que riela en el expediente, hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal plena, y no encontrándose la presente causa en la etapa de vistos, por lo que este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, de conformidad con lo establecido en los Artículos 12, 15, 242, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la doctrina y la jurisprudencia antes citada DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio de y en consecuencia EXTINGUIDO el proceso, y así expresamente se decide en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Se dictó sentencia declarándose IMPROCEDENTE el DECRETO DE PERENCIÓN BREVE de la instancia solicitado por la representación judicial de la sociedad mercantil C.N.A. de Seguros La Previsora C.A. en la Demanda incoada por la ciudadana CELEIDA DE JESÚS ASTUDILLO BASTARDO contra las sociedades mercantiles C.V.G. COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA C.A. (CVG MINERVEN, C.A.) y C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA C.A.

Se dictó y publicó sentencia interlocutoria mediante la cual el tribunal NIEGA lo solicitado por el abogado DELMARO GUTIERREZ, en cuanto al pedimento del 30% de las costas y costos del proceso debe tramitarse por separado, es ecir en un procedimiento separado.-

En consecuencia, Visto el acuerdo Total precedente el Juez de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, por no ser contrario al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, el Artículo 8 de la LOPNNA y el 78, de la Constitución Nacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos el referido acuerdo, ordenando proceder como si se tratara de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada con plena fuerza ejecutiva, de conformidad con lo establecido en el Artículo 375 de la LOPNNA, concordancia con los artículos 263 y 363 del CPC. Se ordena entregar copias certificadas a los interesados, conservándose el original en el archiv.....

Se dictó sentencia declarándose HOMOLOGADO el DESISTIMIENTO del RECURSO DE APELACIÓN en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD incoado por la sociedad mercantil SÚPER AUTOS PUERTO ORDAZ, C.A. contra la Providencia Administrativa Nº 2010-0032 dictada el quince (15) de enero de 2010 por la INSPECTORA DEL TRABAJO "ALFREDO MANEIRO" DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Nahun Josué González Paredes, en consecuencia, se ordena su remisión al Archivo Judicial.

PRIMERO: Declara CON LUGAR LA TERCERIA DE DOMINIO presentada por la ALCALDIA SOCIALISTA DEL MUNICIPIO CARONI DEL ESTADO BOLIVAR en la QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO A LA POSESION, intentada por la Sociedad Mercantil Fapco, C.A contra los ciudadanos Mario Corrente Y Daniel Corrente. Todos plenamente identificados en el Capítulo I del presente fallo. SEGUNDO: Se DECLARA PROCEDENTE LA DEFENSA DE FONDO DE PROHIBICION DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCION PROPUESTA, prevista en el articulo 346 ordinal 11 del Código de Procedimiento Civil, propuesta por el tercero, y en consecuencia se declara INADMISIBLE EN FORMA SOBREVENIDA la querella presente querella incoada por la SOCIEDAD MERCANTIL FAPCO, C.A contra los ciudadanos MARIO CORRENTE Y DANIEL CORRENTE. Todos plenamente identificados en el Capítulo I del presente fallo. TERCERO: Se revoca el decreto de amparo a la posesión dictado en fecha 4-12-2007, así como la medida interdictal de amparo a la posesión dictada en esa misma fecha

Se dictó sentencia declarándose competente y se admitió la DEMANDA por cobro de bolívares derivados de relación funcionarial incoada por la ciudadana MARVELIS DEL VALLE RODRÍGUEZ TOVAR contra el MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR.