Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA INHABILITACIÓN del Ciudadano: HIPÓLITO JOSE ESPAÑA TARACHE, plenamente identificado en los autos, declarándolo INHABIL para estar en juicio, celebrar transacciones, dar ni tomar a préstamo, percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración, sin la asistencia de su Curador; designándose a tal efecto en este acto a la Ciudadana: ERY HERNÁNDEZ ESPAÑA DE ARO, Venezolana, mayor de edad, Casada, Profesora Jubilada, portadora de la Cédula de Identidad Nº 3.024.235, y de este domicilio, para que cumpla con los funciones que al efecto señala el Código Civil en materia de Curatela.-

Así las cosas tenemos, que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto se puede apreciar el FUMUS BONI JURIS, es decir, la verosimilitud del buen derecho de la parte actora, no ocurre lo mismo con el PERICULUM IN MORA, por cuanto no hay una conducta imputable a la parte demandada tendente a dejar ilusoria la ejecución del fallo, dado que la parte interesada no aportó suficientes elementos al juicio que conduzcan a esta sentenciadora a precisar la existencia de dicho extremo legal para el decreto de las medida cautelar solicitada, requisito éste, que por demás debe cumplirse de manera concurrente con el FUMUS BONIS JURIS. En consecuencia está Juzgadora NIEGA LA MEDIDA SOLICITADA. Y ASI SE ESTABLECE.-

En fuerza de los razonamientos que proceden, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara SIN LUGAR las cuestiones previas interpuesta por la demandada ciudadana ROSA ELIZABETH REBOLLEDO, identificado en autos en relación a las establecida en el artículo 346 ordinales 11°, 2°, 3° y 6° del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.-

Por todos los razonamientos antes expuestos y aunado a ello el principio constitucional que establece “Que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, SIN DILACIONES INDEBIDAS, SIN FORMALISMO O REPOSICIONES INÚTILES, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, contemplada en el artículo 269, del Código de Procedimiento Civil. Y ASI SE DECIDE. Archívese el Expediente en forma de Ley.-