Se dictó auto mediante el cual se oyó en ambos efectos la apelacion interpuesta por los representantes judiciales del Fisco Nacional.

Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO QUINTO (5º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión por COBRO DE DIFERENCIA DE BENEFICIOS LABORALES, incoado por los ciudadanos HORACIO ALFREDO URBANEJA ZABALETA y NELSON DE JESUS AZOCAR MARIN, venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédula de identidad Nº 18.220.802 y 8.976.366, respectivamente, en contra de la sociedad mercantil MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A.; y SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.

Se declaró INADMISIBLE el Recurso de Abstención o Carencia interpuesto por los ciudadanos RAY JOSÉ GUTIERREZ MILLÁN Y VICTOR SIGARROSTEGUI contra la Inspectora del Trabajo de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Se dictó y publicó sentencia interlocutoria Nº PJ0662015000003 mediante la cual se admite el presente recurso contencioso tributario interpuesto por la Empresa del Estado C.V.G. BAUXILUM, C.A, contra la Resolución (Improcedencia de Compensación) N° GRTI/RG/DF/2006/001 de fecha 06 de abril de 2006, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).-

Se acuerda la solicitud interpuesta por la Fiscal Décima Sexta del Ministerio Público, y ordena el mandato de conducción del ciudadano ALEXIS ANTONIO ROMERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.687.783, de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dictó decisión mediante la cual se decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano BRITO AZOCAR MARCOS JOSÉ, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 numeral 5° del Código Penal concatenado con los artículos 48 numeral 8° y 318 numeral 3° todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dictó decisión mediante la cual se decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano LUIS CARLOS CORTEZ MORENO, por la presunta comisión del delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 16 de la extinta Ley Sobre Violencia Contra la Mujer; de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 numeral 5° del Código Penal concatenado con los artículos 48 numeral 8° y 318 numeral 3° todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dictó decisión acordando el Sobreseimiento de la presente causa seguida al ciudadano GREGORI ENRIQUE VALDERRAMA, en virtud de la solicitud realizada por Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dictó decisión mediante la cual se decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano FRANCO CLAUDIO, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y VIOLENCIA FÍSICA; de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 numeral 5° del Código Penal concatenado con los artículos 48 numeral 8° y 318 numeral 3° todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Se dictó auto de fundamentación de revocatoria de medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad en virtud de la incomparecencia del imputado a los actos y de incumplir con el régimen de presentaciones impuesto, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 236, 237 ordinal 4º de todos del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en concordancia con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.