En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Revisión de Obligación Alimentaria, formulada por la Defensora Pública Quinta, prestándole asistencia a los niños IDENTIDAD OMITIDA, en contra del ciudadano JORGE RAFAEL HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº 8.517.408 y fija como monto alimentario que el obligado deberá pasar a su hijos IDENTIDAD OMITIDA, la cantidad de ciento ochenta mil bolívares (Bs. 180.000,oo) mensuales a partir del mes de NOVIEMBRE del presente año, suma esta que deberá ser entregada por el demandante a la madre de sus hijos ciudadana DELIA ESTHER YOVERA HIDALGO, o ser depositada en una cuenta de ahorros que se aperture para tal efecto y deberá ser ajustada en forma automática y proporcional, en la misma medida en que sea .....

De la revisión de la presente solicitud se evidencia que el acta donde firman las partes, de fecha 14 de febrero de 2002, cursante al folio 3 del expediente, donde se hace referencia a una ayuda alimentaría a favor de los adolescentes de autos, por parte del padre ciudadano ISAIAS AREVALO, y el consejo de protección remite las actuaciones para que homologue un régimen de visitas, no habiendo coherencia entre lo solicitado por el consejo de protección del Municipio San Felipe y las actas que conforman la presente solicitud. En consecuencia no se admite ni procede la homologación solicitada y se insta a las partes a que tramiten por las instancias los conceptos de Obligación Alimentaría y régimen de Visitas. Desvuélvanse los originales y en su lugar déjense copias certificadas de las mismas.

De la revisión de la presente solicitud se evidencia que el acta donde firman las partes, de fecha 14 de febrero de 2002, cursante al folio 3 del expediente, donde se hace referencia a una ayuda alimentaría a favor de los adolescentes de autos, por parte del padre ciudadano ISAIAS AREVALO, y el consejo de protección remite las actuaciones para que homologue un régimen de visitas, no habiendo coherencia entre lo solicitado por el consejo de protección del Municipio San Felipe y las actas que conforman la presente solicitud. En consecuencia no se admite ni procede la homologación solicitada y se insta a las partes a que tramiten por las instancias los conceptos de Obligación Alimentaría y régimen de Visitas. Desvuélvanse los originales y en su lugar déjense copias certificadas de las mismas.

Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Solicitud de DIVORCIO presentada por los ciudadanos MANUEL ALEJANDRO OLLARVES MARTINEZ y ANA YOLANDA LONGOBARDI DE OLLARVES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 8.511.263 y 8.510.474, respectivamente, debidamente asistidos por la Abogado MARIA CAMPOS, INPREABOGADO Nº 74.528, por el matrimonio civil contraído, por ante la Coordinación de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, según comprobación que se hizo con la respectiva copia debidamente certificada del Acta de Matrimonio No. 165 del año 1.995; en cuanto a su hijo (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), 8 años de edad, nacido el 08 de julio de 1997, según s.....

Dispositiva Por todo lo anteriormente expuesto, ésta Corte de Apelaciones "Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley" REVOCA el auto dictado por el Tribunal de Juicio N° 2 en fecha 22 de junio de 2005 y ordena decidir dicha excepción conforme lo que establece la Ley.

DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL GÓMEZ TORRES, Fiscal Segundo del Ministerio Público, contra la sentencia absolutoria dictada en fecha 22-06-05 por el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio N° 2, a cargo del Abogado EDGAR TORREALBA, a favor del acusado MICHEL ASTRI PALACIOS, en el proceso seguido por el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. Igualmente, de conformidad con el artículo 457 del mismo Código DECLARA NULA la sentencia apelada, y ordena la celebración de un nuevo juicio ante un Juez distinto al que pronunció la sentencia anulada.

Dispositiva Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el Abg. Edisoie Sandoval defensor privado del ciudadano Carlos Andrés Sánchez Amaya, contra la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 6 de fecha 06 de junio de 2005. En consecuencia se CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión recurrida.

DECISIÓN Con fundamento en los anteriores razonamientos, este Tribunal de Ejecución N° 2 administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley acuerda: otorgar la suspensión condicional de la ejecución de la pena a JOSE SALCEDO MORENO, venezolano, mayor de edad, 12.279.098, residenciado en Yumare, Carretera 10, Municipio Manuel Monge, Estado Yaracuy, en los términos y condiciones expresados. Notifíquese a las partes. Fíjese audiencia. Ofíciese a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario del Estado Yaracuy a fin de que designe el delegado de prueba que corresponda y remítase copia de la presente decisión. OFICIESE LO CONDUCENTE. CUMPLASE.

este Tribunal de Control N° 4 Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La Ley, NIEGA la solicitud emanada de la Representación Fiscal, por no cumplir con lo establecido en el Articulo 11 de la Ley Sobre Robo y Hurto de Vehículos. Notifique a la Representación Fiscal del contenido del presente auto.