1.- ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por MARIA VIRGINIA LACRUZ CONTRERAS, venezolana mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nº V-19.145.460, contra TROLEBÚS MÉRIDA, C.A. (TROMERCA), creada mediante Decreto Nº 6.848, publicada en Gaceta Oficial N° 39.234, de fecha 04 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 379-3996, Tomo 137-A R1MÉRIDA, número 4, de fecha 9 de septiembre de 2009, representado por el ciudadano MIGUELANGEL ROJAS URIBE, titular de la Cédula de Identidad número V-12.349.795, en su condición de presidente de la empresa, domiciliado en esta ciudad de Mérida Estado Mérida ORDENA: 1.- La notificación del ciudadano Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de guardia en materia de amparo constitucional, sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de A.....

PRIMERO: CON LUGAR LA INHIBICIÓN planteada por la abogada MINERVA MENDOZA PAIPA, en su condición de Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 21 de octubre de 2011, en el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, sigue la ciudadana Yuraima Del Carmen Lobo Moreno contra la empresa Trolebús Mérida C.A. (TROMERCA). SEGUNDO: Por cuanto en el Circuito Judicial de Mérida existen dos Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, se ordena remitir inmediatamente el presente expediente al Coordinador Judicial de la sede principal de la ciudad de Mérida, a los fines que la presente causa sea distribuida entre los mismos, ya que según el artículo 45 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, contra dicha decisión no se admite recurso alguno.

Por todos los razonamientos expuestos y considerando las motivaciones de hecho y de derecho antes esgrimidas, este Tribunal de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Se declara LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA interpuesta por el ciudadano: DALTON CALDERON RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-2.459.841, de 57 años de edad, residenciado en la hacienda playa grande, via el guamo, Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida de conformidad con lo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Notifíquese al denunciante y al Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial. TERCERO: Remítase el presente asunto penal a la Fiscalia Séptima del Ministerio Público para su respectivo Archivo. Y así se decide. Regístrese y Publíquese.....

Se declaró INADMISIBLE la recusación contra el Juez titular del Juzgado Primero de Primera en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

En este orden de ideas, al resultar positiva la mediación y por cuanto éste acuerdo tiende a garantizar una armoniosa resolución de la controversia a que se contrae el presente asunto, ya que los acuerdos alcanzados no son contrarios a derecho, ni infringen normas de orden público, así como tampoco contienen dimisión alguna de ningún derecho irrenunciable derivado de la relación de trabajo; y por establecer los artículos 89.2 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la utilización de los medios alternos de resolución de conflictos en consonancia con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en vista de que la mediación ha sido positiva, da por concluido este proceso. Se HOMOLOGA el acuerdo aquí celebrado, dándosele efectos de Cosa Juzgada. Se ordenará el cierre y archivo de este expediente una vez que conste en autos el cumplimiento de la obligación contraída supra.

"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la Sociedad Mercantil "TRUCHICULTURA EL PARAISO", C.A., domiciliada en Mérida, Estado Mérida, inscrita en el Registro Mercantil de Mérida, bajo el Nº 107, Tomo B-1, de fecha 11 de noviembre de 1987, en contra de DULKIN JOHAN RODRIGUEZ FIGUERA, venezolano, titular de la cédula de identidad número V-15.595.918, mayor de edad, domiciliado en El Vigía, Estado Mérida, por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO, ocurrido el día 07 de febrero de 2010..."

PRIMERO: LA INTERDICCIÓN PROVISIONAL del ciudadano LUIS ALFON-SO SALAZAR ERAZO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.015.228, en virtud de lo solicitado y por cuanto es procedente de pleno de-recho; se designa como TUTORA INTERINA a la ciudadana CARMEN TERESA SALAZAR DE PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.468.302, domiciliada en esta ciudad de Mérida Estado Mérida, y civilmente hábil; en la acción interpuesta por la ciudadana MARÍA COROMOTO SALAZAR ERAZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-6.004.779, domiciliado en el sector El Arenal, vía San Jacinto, parte baja del Colegio Jardín Franciscano, casa s/n, Parroquia Arias, Municipio Libertador del Estado Méri-da, y civilmente hábil, debidamente asistida por Abogado; en el juicio de interdicción del ciudadano LUIS ALFONSO SALAZAR ERAZO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.015.228, mediante boleta a los f.....

este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Ejecución No. 02, del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, Administrando ORDENA el siguiente EJECÚTESE: PRIMERO: Se designa como lugar de reclusión para el penado CARLOS DANIEL PACHECO PACHECO, SEGUNDO: Hágase el cómputo respectivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 479, 482 y 484 del Código Orgánico Procesal Penal. Para tales efectos, se observa que el penado, es detenido en fecha 03.05.2.011, permaneciendo en la misma condición hasta el día de hoy, (09.11.2.011) en que se elabora el presente cómputo actualizado, es decir por un lapso de SEIS (06) MESES Y SEIS (06) DIAS, y por cuanto fue sentenciado a cumplir la pena de: DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más la accesoria de Ley, establecida en el artículo 16.1 del Código Penal Venezolano, le resta por cumplir, del total de la pena impuesta, la pena de: NUEVE (09) AÑOS, CINCO (05¿) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS DE PRISIÓN, que se estima .....

Este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control Nº 03, del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley acuerda: Se declara con lugar el petitorio Fiscal, al cual no presentó objeción la Defensa Pública, y en tal sentido, se DECRETA ORDEN DE CAPTURA al ciudadano RAFAEL ANTONIO ACOSTA COCHO, venezolano, natural de Caracas Distrito Federal, nacido en fecha 10/08/73, de 34 años de edad, vigilante privado de la Misión Sucre, Municipio Julio César Salas, Arapuey, estado Mérida, titular de la cédula de identidad N° 12.066.305 y residenciado Sector los sin techo “Tomas Delgado” cerca del Estadio, teléfono N° 0416-3724145, Arapuey, Municipio Julio Cesar Salas del Estado Mérida, en la presente causa que se le sigue por la presunta comisión del delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el articulo 42 de la Ley sobre el Derecho de las Mu.....

"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, resuelve: Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante TÍTULO SUPLETORIO de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, dejando a salvo los derechos de terceros; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 11, único aparte y del artículo 937 ambos del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional del derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela..."