este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastidas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA: el TITULO SUPLETORIO de las presentes actuaciones descritas en el presente fallo, a favor del ciudadano: HECTOR ANTONIO GRANADO GUTIERREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 7.508.352, asistido por la Abogada ROCIO ARIADNA YANEZ AMAYA, ya identificada, dejándose a salvo sin perjuicios de tercero de igual o mejor derecho. Queda excluida expresamente la propiedad del terreno sobre el cual se encuentran erigidas las Bienhechurías, por no ser propiedad del solicitante. Así se decide.

Establecido lo anterior, y por cuanto tales actuaciones no son contrarias a derechos y versan sobre derechos disponibles, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil al convenio suscrito entre las partes, e inserta a los folios 60 y 61, ambos inclusive; y DECLARA: TERMINADO EL PRESENTE JUICIO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, seguido por el abogado en ejercicio JOSÉ GALLO B., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANTONIO DÍAZ, contra el ciudadano LUÍS MANUEL ROMERO SIERRAALTA, todos plenamente identificados; el Tribunal no procede a condenar en costas dada la naturaleza del caso. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA Dada, firmada .....

declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de daños materiales y lucro cesante derivados de accidente de tránsito, incoada por la ciudadana SATURNINA DEL CARMEN DÍAZ DE SIBRIAN, quien estuvo inicialmente asistida y luego representada por la abogada en ejercicio de su profesión Ingrid Cecilia Pérez, contra los ciudadanos VICENTE PAÚL MARÍN DELGADO Y GIOVANNI JOSÉ CORDERO HERNÁNDEZ, quienes estuvieron representados por los defensores ad litem, abogados Sandro Marrico y Lisette Mentado. En consecuencia, se declara CON LUGAR y por tanto, SE CONDENA a los demandados VICENTE PAÚL MARÍN DELGADO Y GIOVANNI JOSÉ CORDERO HERNÁNDEZ a pagarle a la accionante, SATURNINA DEL CARMEN DÍAZ DE SIBRIAN la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 17.800,00), por concepto de daño material sufrido por el vehículo de su propiedad en el accidente de tránsito de fecha 07 de julio de 2006. Se declara SIN LUGAR la demanda en lo que respecta al punto SEGUNDO de su petitorio. Se de.....

.... ESTE JUZGADO DECLARA: PRIMERO: Admite totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, representada por el abogado José Rodolfo Quintero y su auxiliar Raquel Escalona Montesinos, ASI SE DECIDE. SEGUNDO: Admite las pruebas ofrecidas y promovidas por el Ministerio Público anteriormente descritas, ...TERCERO: Se declara extensivo el efecto jurídico de las pruebas promovidas y ofrecidas por el Ministerio Público a favor de los hoy acusados. ASÍ SE DECIDE. CUARTO: Se ordena la apertura a juicio oral y público con fundamento al artículo 330 numeral 2 y 331 del Código Orgánico Procesal Penal, contra los ciudadanos GERALDINE DEL CARMEN PEREZ AVENDAÑO, portadora de la cédula de identidad número 16.951.833, y WUILFER JOSE RIVERO JIMENEZ, portador de la cedula de identidad número 19.615.464, , por la presunta comisión de los delitos DESVALIJAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, APROVECHAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOT.....

esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS EDUARDO AMESTICA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Público del Estado Yaracuy, contra la decisión dictada en fecha 02 de Septiembre de 2.009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy. Regístrese, Notifíquese y Publíquese

esta Corte de Apelaciones Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara ¬¬¬¬SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano MANUEL ANTONIO LIZARRAGA RIVAS debidamente representado por el Abogado JOSE ARGENIS VELASQUEZ VIEZ,en contra de la decisión dictada en fecha Tres (03) de Agosto de 2009, en el Asunto signado UP01-P-2008-001852, en la cual Niega la entrega de material de vehículo, dictado por el Tribunal de Control N° 02 a cargo de la Abogado Ligia Gonzalez, en consecuencia se CONFIRMA en todas y cada una de las partes la decisión recurrida. Notifíquese a las partes. Remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal de origen.

esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Luisa Elena Eastman Lugo; actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Novena del Ministerio Público en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, contra la decisión dictada en fecha 16/04/2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, mediante la cual decreta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa a favor de la ADOLESCENTE (IDENTIDAD OMITIDA) de conformidad con lo establecido en el artículo 615°, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero Unipersonal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 367 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 376 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN a los ciudadanos AMARU ALFONSO PARRA PIRELA y EDUARDO RAFAEL ESCALONA CASTILLO, ampliamente identificados al inició del fallo, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y OPOSICIÓN A FUNCIONARIO PÚBLICO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 218 ordinal 1° del Código Penal. Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias de Ley. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de .....

DISPOSITIVO Por las razones de hecho y fundamentos de derecho antes expuestos, en aras de lograr Justicia y Paz Social en el campo, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: ÚNICO: Apercibe a la parte solicitante a que dentro de los tres (03) días de despachos siguientes al de hoy, subsane el escrito de demanda y lo adecue conforme a los principios del procedimiento ordinario agrario, previsto en el artículo 208 de la ley de tierras y Desarrollo Agrario y seguirla por el procedimiento ordinario agrario, previsto en el artículo 197 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción.

DISPOSITIVO Por las razones de hecho y fundamentos de derecho antes expuestos, en aras de lograr Justicia y Paz Social en el campo, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: ÚNICO: Apercibe a la parte solicitante a que dentro de los tres (03) días de despachos siguientes al de hoy, subsane el escrito de demanda y lo adecue conforme a los principios del procedimiento ordinario agrario, previsto en el artículo 208 de la ley de tierras y Desarrollo Agrario y seguirla por el procedimiento ordinario agrario, previsto en el artículo 197 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción.