Este Juzgado se declara incompetente para conocer en la presente causa Laboral Nº 7.110, y declina la competencia en el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, para que conozca de la misma. Así se decide.

este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA dicho DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN de conformidad con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, se le imparte el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, y una vez que quede firme la presente decisión, debe remitirse el presente expediente que vino por apelación al Juzgado de la causa. Y ASI SE DECIDE. BÁJESE EL PRESENTE EXPEDIENTE EN SU OPORTUNIDAD AL TRIBUNAL DE ORIGEN. EL JUEZ TITULAR, ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO LA SECRETARIA TITULAR, SULAY QUINTERO QUINTERO ACZ/SQQ/yp.-

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este TRIBUNAL PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento de conformidad con el encabezamiento del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.- Se acuerda la notificación de la parte demandante a los fines de interponer los recursos que considere necesarios. Líbrese la correspondiente boleta

Se declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 03 de abril de 2001, por el abogado MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR MONTIEL, apoderado judicial de la parte demandada, ciudadanos ALIRIO ENRIQUE MOLINA MORA y JEAN CARLOS MOLINA BOLIVAR, contra la decisión interlocutoria dictada en el cuaderno de embargo, por el Juzgado Tercero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 27 de marzo de 2001; se confirmó la decisión conforme a los conceptos establecido en la sentencia dictada por el Tribunal A quo; y se condenó en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida.

este TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. SALA DE JUICIO EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la Solicitud de Rectificación de la Partida de Nacimiento del adolescente: OMITIR NOMBRE.

este TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. SALA DE JUICIO EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la Solicitud de Rectificación de la Partida de Nacimiento de la niña: OMITIR NOMBRE.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento de conformidad con el encabezamiento del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.-------------Se acuerda la notificación de las partes demandantes a los fines de interponer los recursos que considere necesarios. Líbrese las correspondientes boletas. Por cuanto el domicilio procesal de las partes no esta claro, este Tribunal, de conformidad con los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, y acogiendo el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de abril de 2003 (Caso: Domingo Cabrera Estévez, en amparo constitucional), debe tenerse como domicilio procesal la .....

Este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control No. 07, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 Constitucional, en concordancia con lo previsto en los artículos 264 y 282, del Código Orgánico Procesal Penal, declara Con Lugar la petición formulada por la abogada LISSET GARDENIA RUIZ PEÑA, en su condición de Defensora Pública No. 01, adscrita a este Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, y como tal de los acusados en la presente causa ciudadanos VICTOR RAFAEL SOTO y ALI RAMON DAVILA, y, en consecuencia, AMPLIA EL REGIMEN DE PRESENTACIONES que les fuera impuesto por este Tribunal según Decisión No. 610, de fecha 16.12.04, DEBIENDO PRESENTARSE ANTE ESTE TRIBUNAL CADA TREINTA (30) DIAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE RESOLUCION. Notifíquese l.....

PARTE DISPOSITIVA En fuerza a las anteriores consideraciones y en mérito al valor jurídico de este Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquína de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. 1) declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA PREVISTA EN EL ENCABEZAMIENTO DEL ARTICULO 267 ibidem, en el juicio seguido por la abogada MARIA ALIDA MEDINA RONDON, CONTRA: el ciudadano EDINS ROBINSON MEDINA QUINTERO, 2) No se condena en costas por expreso mandato del artículo 283 ibidem. 3) a los fines de mantener incólume el Derecho a la Defensa y la igualdad de las partes en el debido proceso, se ordena la NOTIFICACIÓN DE LA PARTE ACTORA, de conformidad con el artículo 251 ibidem.--------------------------------------- NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA DE LA PRESENTE SENTENCIA. DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR.....

scrita en el Inpreabogado bajo el N° 56.408, según consta en autos, no corrigió el libelo de la demanda dentro del lapso indicado en el auto de fecha veinticinco de mayo del año 2005, donde se le ordenaba que con apercibimiento de perención, debía cumplir con los parámetros establecidos en los Ordinales 4to del Artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.