...este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE de conformidad ...

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, AGRARIO, BANCARIO Y CONSTITUCIONAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR la Demanda de DIVORCIO intentada por el ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ contra la ciudadana LESBIA MARGARITA DIAZ. En consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los litigantes de este juicio celebrado ante el Juez del Tribunal 2º de Primera Instancia en lo Civil en fecha 26/12/1979 inserta bajo el No. 670 del libro de Registro Civil de Matrimonio llevado por ese Juzgado en el año 1978. Se condena en costas a la demandada.

en consecuencia, este Juzgado Quinto (5º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 26, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 147, 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; declara: Que HOMOLOGA el DESISTIMIENTO del proceso en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL, ha intentado en contra de las sociedades mercantiles CANTV y MOVILNET, los ciudadanos JOSÉ ARELLÁN, DOMINGO GONZÁLEZ, CARLOS MARCANO, MICHAEL ARELLÁN y HENRY SIFONTES, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 6.241.026, 10.392.865, 15.542.996, 20.299.221 y 8.319.480 respectivamente, acto de auto composición procesal efectuado a través de su apoderado ju.....

Con vista a la incomparecencia de la parte actora a la presente audiencia de juicio; de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que dispone: "Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente" y con base, además, en la interpretación concordada de dicha norma con los criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional en su fallo Nº 1184 del 22/09/2009 y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo Nº 009 del 20/01/2012, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: DESISTIDO EL PROCESO por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONC.....

Se dictó sentencia interlocutoria en la cual se declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares efectuada por la parte actora en la presente causa.

se homologa el presente desistimiento.

....este JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, SEDE CIUDAD BOLÍVAR, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA por ACCIDENTE DE TRABAJO, interpuesta por el ciudadano ALIS HERRERA en contra de la empresa SIDERURGICA DEL ORINOCO, C.A. (SIDOR), ambas partes identificadas en autos, por lo que se condena a la demandada al pago de Bs. 82.066,00, monto este discriminados en el extenso de la sentencia.....

En general, la administradora MARÍA ROSARIO CEQUEA PITRE estará sometida a todas las obligaciones previstas en el Código de Comercio para los administradores que son designados por la asamblea de socios. Los pagos ordinarios que son necesarios para el funcionamiento de la compañía, como los relativos al pago de la nómina del personal gerencial, administrativo, técnico y obrero podrán ser ordenados sin que sea menester autorización judicial alguna, pero deberá informarlo al Comisario. Igualmente está autorizado para cobrar los créditos pendientes y otorgar los correspondientes finiquitos, también podrá pagar las cuentas ordinarias de la sociedad por servicios y mercancías recibidas de proveedores y exigir los correspondientes finiquitos, informando siempre al Comisario. Así se decide en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.

En merito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Transito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PROCEDENTE la PARTICIÓN de la comunidad hereditaria existente entre los litigantes de este Juicio, cuyo bien a partir esta constituida por una casa distinguida con el Nº 10, manzana 158 de la Urbanización Villa Brasil (UV-1) de Puerto Ordaz, y se emplazará a las partes a un acto que tendrá lugar al Décimo (10) Día de despacho en el cual procederá al nombramiento del partidor, una vez que esta decisión haya adquirido firmeza.

Se dictó el fallo íntegro declarándose SIN LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por los ciudadanos Eglys Josefina Marín Dernott, Carlos Porfirio Espinoza Urbina, Nellys María Cañizales Palma, Gladys Del Valle Smith Loreto, Wialys Dhamelis García Camacho, Elizabeth Del Valle Herrera Velásquez, Miledys Del Carmen Bermúdez Aular, Alexis José Rodríguez, Inocencia Betzaida Rojas González, Rita Del Valle Rodríguez Marcano, Jacil María Maurera Lanz, Yimara Del Pilar Reyes Hernández, William Ávila y Jesús Arturo Tenia Salazar contra el Decreto Nº 37 dictado el treinta (30) de octubre de 2012 por el ALCALDE DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR, mediante el cual estableció un régimen de obvenciones de carácter no salarial a favor de los funcionarios de la Administración Tributaria que ejerzan labores de determinación de obligaciones tributarias.