este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA el TITULO SUPLETORIO de propiedad sobre las bienhechurías descritas en el presente fallo, a favor del ciudadano LUIS FELIPE GONZÁLEZ ULACIO, antes identificado, quien estuvo asistido en la presente solicitud por la Abogada en ejercicio ANDRYS YOSELYS FERNÁNDEZ PADRON, ya identificada, dejándose a salvo los derechos de terceros. Queda excluida expresamente la propiedad del terreno sobre el cual están construidas las bienhechurías antes descritas, por no ser propiedad del solicitante. Así se decide.

este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA el TITULO SUPLETORIO de propiedad sobre las bienhechurias descritas en el presente fallo, a favor de la ciudadana: MIREYA MERCEDES CEDEÑO, antes identificada, quien estuvo asistida en la presente solicitud por la Abogada en ejercicio BETANIA MARGARITA ARAUJO ESCALONA, ya identificada, dejándose a salvo los derechos de terceros. Queda excluida expresamente la propiedad del terreno sobre el cual están construidas las Bienhechurias antes descritas, por no ser propiedad de la solicitante. Así se decide.

este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA: el TITULO SUPLETORIO de propiedad sobre las bienhechurías descritas en el presente fallo, a favor de la ciudadana TAIDE IGNACIA CASTILLO CEDEÑO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº 12.076.644, debidamente asistida por la Abogada ANDRYS YOSELYS FERNANDEZ PADRON, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 151.713 dejándose a salvo los derechos de terceros. Queda excluida expresamente la propiedad del terreno sobre el cual están construidas las Bienhechurías antes descritas, por no ser propiedad del solicitante. Así se decide.

este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA: el TITULO SUPLETORIO de propiedad sobre las bienhechurías descritas en el presente fallo, a favor del ciudadano: OBER FERNANDEZ ALEJOS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº 3.913.071, debidamente asistido por la Abogada MARIA VILLEGAS, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 48.085 dejándose a salvo los derechos de terceros. Queda excluida expresamente la propiedad del terreno sobre el cual están construidas las Bienhechurías antes descritas, por no ser propiedad del solicitante. Así se decide.

esta Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogado NADEXA CAMACARO CARUCI, Fiscal Décima Segunda del Ministerio Público del Estado Yaracuy, contra la Sentencia de fecha 16-06-2.010 y publicada en su texto integro el día 18-05-2.010, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio N° 2, a cargo de la Jueza MARIA INES PEREZ GUNTIÑAS, mediante el cual Absuelve al acusado ENMANUEL LEONARDO MOLLEJA BETANCOURT, por la presunta comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 5 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores en concordancia con los ordinales 1,2,y 3 del artículo 6 ejusdem. Queda así ANULADA la Sentencia Apelada y en consecuencia se ordena la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público ante un Juez distinto al que dictó .....

Con base en las anteriores consideraciones este Tribunal Superior Accidental del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE SOBREVENIDAMENTE la acción de amparo constitucional, ejercida por sociedad mercantil Agropecuaria Krisma, C.A., identificada ut supra contra decisiones dictadas en fecha 27 de abril y 26 de mayo de 2009 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en el asunto signado con el N° UP11-L-2009-000136, a tenor de lo dispuesto en el cardinal 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías .....

II En tal razón y por cuanto el mismo se contrae a derechos disponibles sobre los cuales no están interesados el orden público, ni las buenas costumbres, ni es violatoria de norma legal expresa, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su aprobación en sus propios términos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 y 266 del Código de Procedimiento Civil, se declara extinguida la instancia. Se da por terminado el presente juicio, y se acuerda la devolución de los originales que conforman el libelo de demanda y sus anexos, previa inserción en autos de copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el expediente.

En mérito a lo expuesto esta Juzgadora, Administrando Justicia en Nombre de La Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la demanda presentado por la Fiscal Séptima del Ministerio Público, con competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, Civil y Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando la abogada Wendy Nathaly Miro Mieres, actuando en nombre y representación de los niños "Identidad Omitida de conformidad con el art. 65 de la LOPNNA", en la cual solicita la DETERMINACIÓN DE CUSTODIA de los niños ya identificados del ciudadano SIXTO ALFREDO TOVAR LÓPEZ, en contra de la progenitora de los niños ciudadana ARACELIS COROMOTO VASQUEZ NAVAS. Debiendo los niños "Identidad Omitida de conformidad con el art. 65 de la LOPNNA" continuar bajo la Custodia de su legítima madre ciudadana ARACELIS COROMOTO VASQUEZ NAVAS, manteniendo los padres de manera conjunta la Responsabilidad de Crianza. Se exhorta a ambos .....

esta Corte Superior de la Sección Penal de Adolescentes del estado Yaracuy, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado DAVID GARCIA, en su carácter de Defensor Público Tercero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Yaracuy, contra la Sentencia publicada el día 09 -07-2.010, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de la Sección Penal de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Jueza ZULY REBECA SUAREZ GARCIA, mediante la cual sanciona al Joven Adulto (Identidad Omitida) de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica antes mencionada, por el delito de Secuestro Breve, previsto en el 6 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. En consecuencia SE CONFIRMA en cada una de sus partes la sentencia apelada y así se decide.

El máximo Tribunal de la República ha establecido que: "la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la barrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. En sentencia dictada por la Sala Constitucional de f.....