Por las razones antes expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: La INCOMPETENCIA de éste Juzgado, para conocer de la apelación interpuesta en la presente Acción Interdictal Prohibitiva de Daño Temido por Obra Nueva, que comenzó en fecha 16-04-2009, por ante el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, todo ello por el efecto de la Ultraactividad recursiva consagrada en el artículo 4 de la Resolución N° 2009 - 0006 del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009, en concordancia con el principio de la Perpetuatio Jurisdictio (Jurisdicción Perpetua), establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se declina la competencia al Juzgado Superior en lo.....

ESTE TRIBUNAL ADMINIESTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRESENTACIONES IMPUEST AAL IMPUTADO JOSÉ BENJAMIN AGUILAR, titular de la cédula de identidad Nº 10.862.055, y en su lugar decreta orden de aprehensión en contra del referido ciudadano, el cual una vez capturado deberá ser trasladado hasta el internado judicial de esta ciudad de san Felipe Estado Yaracuy,

En este sentido, el artículo 265 eiusdem señala: "El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria." En el caso de autos, se refiere a una incidencia probatoria, interpuesta antes de la notificación de la otra parte, por lo cual se está en la posibilidad de desistir del procedimiento, por lo que se ha cumplido los supuestos contenidos en la norma jurídica antes citada, corresponde entonces a ésta juzgadora aplicar la consecuencia jurídica establecida en la norma. En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, ACUERDA HOMOLOGAR EL DE.....

DECISION En merito de todo los anteriormente expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, por considerar que se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 301 y siguientes del Código Civil, se nombra como TUTOR DEFINITIVO de los adolescentes IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES, actualmente de 17, 15 y 13, respectivamente, al ciudadano JOSÉ GABRIEL D`HOY SEQUERA, titular de la cédula de identidad Nº 16.949.188, como PROTUTORA a la ciudadana MIRIAN AMARILYS VALLADARES D´HOY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número 16.949.187, y PROTUTORA SUPLENTE a la ciudadana MIJALYS GREGORIA D`HOY SEQUERA, venezolana, mayor de e.....

Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CULPABLE al ciudadano JONATHAN ALEXANDER PÉREZ, antes identificado, por la comisión del delito de ROBO GENÉRICO previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal y lo CONDENA a cumplir la pena de seis (06) años de prisión, más las penas accesorias de ley, en virtud del procedimiento por admisión de los hechos establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Cúmplase. Abg. Gloria Sofía Fuenmayor Juez de Juicio N° 1 Abg. Maribel Serrano La Secretaria,

este Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy "Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley" DECLARA CULPABLE a los Acusados contra de los ciudadanos JULIÁN JOSÉ GOITIA FERNÁNDEZ, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, PRIVACIÓN ARBITRARAIA DE LIBERTAD Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 458, 277 y 174 del Código Penal y el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y lo condena a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS, OCHO (08) MESES Y SIETE (07) DIAS de prisión y FRED RONALD VILLEGAS DÍAZ, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 458 del Código Penal y el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y lo condena a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión, penas que se cumplirán en l.....

Este Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy "Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley" DECLARA CULPABLE a los Acusados contra de los ciudadanos WILFREDO NAZARETH GARCÍA NIEVES, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto en el Artículo 5 en concordancia con el Artículo 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal y lo condena a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión y PEDRO ENRIQUE SILVA ALTUVE, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto en el Artículo 5 en concordancia con el Artículo 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor y lo condena a cumplir la pena de NUEVE (09) AÑOS de prisión, penas que se cumplirán en las condiciones que el Tribunal de Ejecución determine.

Establecido lo anterior este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y DEL ACTA DE MATRIMONIO DE LA CIUDADANA ISABEL ALVAREZ de OSORIO, Nros. 11 y 88, expedidas por el Registro Civil del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy y el Registro Civil del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, de fecha 01 de enero de 1946 y 25 de noviembre de 1965 respectivamente. En consecuencia, corríjase la referida partida de nacimiento, en cuanto al nombre de la solicitante ISABEL ALVAREZ, de su madre y fecha de nacimiento de la solicitante y el acta de matrimonio en cuanto al nombre de la solicitante y fecha de nacimiento; y en consecuencia, donde se asentó como MARIA ISABEL ALVAREZ o MARÍA YSABEL ALVAREZ, diga en lo adelante ISABEL ALVARE.....

DECISIÓN: Ahora bien, vista el acta de fecha 20 de mayo del año en curso, se evidencia que los ciudadanos YAMILETH COROMOTO VASQUEZ HERRERA y HERNAN RAFAEL JOSE CABRERA CRESPO, titulares de las cédulas de identidad Nros. 14.209.662 y 12.076.679 respectivamente, han llegado a un convenio de mutuo acuerdo, en consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y de Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA HOMOLOGAR en sus propios términos dicho convenimiento, en consecuencia, el ciudadano HERNAN RAFAEL CABRERA GRATEROL deberá aportar por concepto de obligación de manutención para su hijo, el niño HERNAN ALEJANDRO CABRERA VASQUEZ, la cantidad de CIENTO CINCUENTA BOLIVARES MENSUALES (Bs. 150,00) o sea la cantidad de SETENTA y CINCO BOLIVARES (Bs. 75,00) quince.....

En razón de las anteriores consideraciones, el Tribunal niega la admisión de la demanda por DESALOJO, intentada por la ciudadana María Celina Avendaño Castillo, actuando en su propio nombre y como apoderado de los ciudadanos Ana Mercedes Castillo de Avendaño y Eugenio Leopoldo Avendaño Castillo, asistida de los abogados en ejercicio de su profesión Antonio Silva Márquez y Antonio Figueredo Ferrer, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 7042 y 7038, respectivamente, y así se declara.