Se dictó sentencia declarándose PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ESTADO BOLIVAR contra el ciudadano OMAR JOSÉ PÉREZ GARCÍA y se le ORDENA a éste último a pagar el monto de la multa que le fue impuesta en la Resolución dictada por el Contralor Interventor del Estado Bolívar, el 17 de enero de 2007, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta unidades tributarias (450 UT), cuya unidad tributaria deberá calcularse en base al valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago.

MEDIACION POSITIVA. Se dicto Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva en virtud de la cual este Juzgado, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 3 Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 10 y 11 de su Reglamento y articulo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, le imparte su aprobación y homologa la TRANSACCION celebrada entre las partes, dándole el carácter de sentencia pasada con autoridad de Cosa Juzgada, teniéndose el referido acuerdo como una mediación positiva que fue activada en aras de culminar con el presente procedimiento. En consecuencia de ello, se da por terminado el presente litigio.-

Se dictó sentencia mediante la cual se declaró CON LUGAR la Solicitud de Acción de Amparo interpuesta por la ciudadana CATERINA BOCCARDI en contra del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, mediante la cual se ordena el cumplimiento de la Providencia Administrativa Nro. 2009-471 de fecha 20/10/2009 emanada de la Inspectoría del Trabajo ALFREDO MANEIRO de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

En tal sentido este tribunal hace la salvedad que la sentencia de la cual se pide la aclaratoria, es una decisión que emana de este Tribunal actuando en sede Constitucional, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo, propuesta por los ciudadanos; JOSE ANGEL CORDOVA, NOEL DAVID HURTADO, RUBEN DARIO SOSA, JOSE LUIS CRUZ y JOSE GREGORIO BARRETO, en contra de la empresa PROAGRO, C.A., y ordeno a la referida empresa a darle cumplimiento a la providencia administrativa Nº 2010-00058 de fecha 18 de marzo de 2010, emanada de la Inspectorìa del Trabajo de Ciudad Bolívar, en los mismos términos en que esta fue dictada, por lo que no estando dentro de los supuestos del articulo 252 del Código de Procedimiento Civil , este Tribunal concluye que la sentencia no necesita aclaratoria para su cumplimiento. Así se decide.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensa, en consecuencia acuerda REVISAR la medida Cautelar Sustitutiva de libertad acordada por este Juzgado al ciudadano YORBIS ALCALA PARRA, arriba identificado, en razón de ello deberá presentarse cada OCHO (08) DÍAS, ante la Comisaría Policial Nº 09 con sede en Gran Sabana-Estado Bolívar, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien vista la transacción presentada que lleva implícita la aceptación de la Actora, este JUZGADO DECIMO DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, en consideración de que los acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de la controversia a que se refiere el proceso y a restablecer el equilibrio jurídico entre ellos; por cuanto estos acuerdos no son contrarios a derecho ni a normas de estricto orden público y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia; por cuantos estos acuerdos no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de la relación de trabajo, y en virtud de que la MEDIACIÓN HA SIDO POSITIVA, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 89 ordinal 2º de l.....

Se dicto sentencia Nº PJ0832010000678, declarando La Conversión en Divorcio de la Separación de Cuerpos de los ciudadanos: Jhon Niles Rivas Pettay y Maria Eugenia Ramones Morey, quedando así, disuelto el matrimonio que habían contraído ante la primera autoridad civil del Municipio Autónomo Independencia del Estado Anzoátegui con fecha 17 de Noviembre del 2004, tal como se prueba con la copia certificada del acta de su celebración, misma que quedara asentada bajo el Acta Nº 389, Folios 167 al 168, tomo V del Libro de Registro Civil de Matrimonios, llevado por esa autoridad en el año 2004 y que acompañaron los prenombrados ciudadanos a su solicitud.

CUARTO: En virtud que este Tribunal considera que existen elementos suficientes para fundar la acusación interpuesta por el Ministerio Público, ordena abrir el Juicio Oral, el cual deberá ser realizado en atención a los principios procesales y en observancia a lo previsto en el articulo 8.7 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. QUINTO: Se ordena el emplazamiento de las partes para que en el plazo común de 5 días contados concurran por ante el Tribunal de Juicio con competencia en materia de delitos de Violencia Contra las Mujeres de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial que conocerá del presente proceso. SEXTO: Se ordena al Secretario de este Tribunal, remitir a la oficina de Alguacilazgo las actuaciones que conforman la presente causa, para su distribución por ante el Tribunal de Juicio correspondiente, a los fines previstos en el Artículo 105 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. .....

Este Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLINA SU COMPETENCIA para conocer la presente causa en esta fase, remitiéndola al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

Se dictó decisión mediante la cual se ordenó el ARCHIVO JUDICIAL, de las actuaciones de conformidad con el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y articulo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual comporta así mismo el cese inmediato de las medidas de coerción personal y de protección impuestas, así como la condición de imputado, bajo la cual se encontraba sometido el ciudadano RAMON ANTONIO GIBSON BERENGUEL, titular de la Cedula de Identidad Nº V-9.906.721.