Por todos los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN del proceso de amparo constitucional interpuesta por las ciudadanas MARÍA YSABEL TRIGO GARCÍA y CATALINA TRIGO GARCÍA, venezolanas mayor de edad, portadoras de las cédulas de identidad Nros. 6.502.702 y 9.878.138 respectivamente, domiciliadas en Puerto Ordaz, en su carácter de Directores Gerentes de la sociedad mercantil INVERSIONES CABANAS, C.A., debidamente asistida por la ciudadana DORKIS CASTRO de profesión abogado e inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 93.169, en contra de las actuaciones judiciales efectuadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Ju.....

Ahora bien, por cuanto este Tribunal TERCERO DEL MUNICIPIO HERES DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, observa que las partes tienen capacidad para disponer del objeto sobre que versa la controversia y que el apoderado de la parte actora, tiene facultad para transigir de conformidad con el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, se imparte la HOMOLOGACION A LA TRANSACCION en la presente causa de conformidad con los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se acuerda expedir copia certificada del escrito de transacción y del auto que la provee, a cada una de las partes. Así se decide.

Se dictó y publicó Sentencia Interlocutoria mediante el cual se declarò IMPROPONIBLE el Recurso de Apelaciòn interpuesto por el Abogado DAVID DE PONTE LIRA, en contra de la decisiòn dictada por este despacho en fecha 15 de abril de 2010.-

Se dictó sentencia decretando la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente proceso de DIVORCIO Interpuesto por: RAMÓN ANTONIO CELIS HERRERA en contra de YEYA DEL VALLE OLEAGA DORTA

Por todos los razonamientos anteriores, este Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado RICARDO DOMINGUEZ CABELLO en su condición de defensor judicial del ciudadano JOAO PEDRO GOUVEIA DE SOUSA, contra la sentencia de fecha 01 de marzo de 2010, con motivo de la incidencia surgida en el juicio que por DIVORCIO sigue la ciudadana BERTA SOFIA PIRES DE GOUVEIA contra el ciudadano JOAO PEDRO GOUVEIA DE SOUSA, todo ello de conformidad con las disposiciones legales citadas y los artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

Se publicó sentencia definitiva mediante la cual se declara: Con Lugar la demandada intentada por los ciudadanos NAZARET DEL MAR GASPAR CAMACHO, VANESSA DEL VALLE MONSALVE MORENO, NANLY JOSEFINA PEREZ LOPEZ, RHONALD JOSE MENDOZA SIFONTES y ROSIRA DEL CARMEN SILVA MUÑOZ, contra la empresa TECNOLOGIA Y COMPUTACION BEST PC, C.A., en consecuencia, Se Condena a la parte demandada a cancelar a la parte actora la cantidad de Cuarenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Seis Bolívares con Veintisos Céntimos (Bs. 43.266,22), más las conceptos y cantidades que resulten de la experticia complementaria del fallo correspondiente. Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se publicó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, mediante la cual se declara desistida la acción en la presente causa.

Se dictó y publicó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva en la cual se declaró la PERENCION DE LA INSTANCIA en la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por ESTACION DE SERVICIO AGUIRRE C.A contra MON-ROD INGENIEROS C.A

Razón por la cual, esta juridicente a la luz de lo contemplado en el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece la facultad discrecional que tiene el Juez de Mediación de poder acordar Medidas Preventivas y conforme a lo alegado, tanto en los hechos como en el derecho; le es obligante DECRETAR IMPROCEDENTES LAS MEDIDA PREVENTIVAS , solicitadas y ASI SE DECIDE.

Este Tribunal Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en virtud de que la MEDIACIÓN HA SIDO POSITIVA, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 89 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 1713 del Código Civil Venezolano y 255 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los Artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada, dando así por terminado el presente procedimiento. Se deja expresa.....